ACTUALITAT DE LA SETMANA ( 30 de novembre - 6 de desembre de 1998)


DIARI AVUI

La fiscalia acusa el diputat de CiU d'afavorir la seva dona
El Suprem demana un segon suplicatori per investigar l'alcalde de Tarragona

Nadal haurà de respondres dels delictes de prevaricació i tràfic d'influències

Sergi Uzquiano
TARRAGONA

La sala segona del Tribunal Suprem ha tramès a la mesa del Congrés la segona petició de suplicatori del diputat i alcalde de Tarragona, el convergent Joan Miquel Nadal, en trobar indicis de "possibles delictes de prevaricació i tràfic d'influències". 

L'alt tribunal demana anul·lar la condició d'aforat de Nadal per investigar la seva implicació en possibles irregularitats en la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament de Tarragona i el municipi veí dels Pallaresos. El conveni va permetre connectar el clavegueram de la urbanització Jardins Imperi -promoguda per l'empresa Citeco, en la qual participava com a accionista l'esposa de Nadal, Julia Abad- amb la xarxa d'aigües de la ciutat de Tarragona.

La Fiscalia Anticorrupció va denunciar aquest conveni l'any passat i el jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona va enviar el cas al Suprem fa sis mesos. El clavegueram dels Pallaresos no disposava de capacitat suficient per absorbir les aigües residuals de les 600 cases unifamiliars de Jardins Imperi. Els dos Ajuntaments van optar per connectar el clavegueram dels Pallaresos al barri tarragoní de Sant Salvador l'any 92 i no van regularitzar la situació fins 4 anys després amb l'aprovació del conveni per unanimitat al ple de l'Ajuntament tarragoní.

La Fiscalia Anticorrupció afirma en el seu escrit d'acusació que el cabal suportat amb la construcció de Jardins Imperi aconsellava en tot cas la construcció d'una depuradora, una infraestructura que es va estalviar la promotora Citeco. Els magistrats Gregorio García Ancos, Roberto García-Calvo i Luis Roman Porta Luis demanen a l'aute "dirigir el procediment penal contra el diputat" basant-se en un nou informe de la fiscalia del Suprem. Els tres magistrats van aconseguir el 29 de setembre passat que el ple del Congrés concedís el primer suplicatori de Nadal i instrueixen ja un sumari per presumpte tràfic d'influències quan l'alcalde va intercedir per la concessió d'una llicència per a un local de rentatge de cotxes a una societat en la qual havia participat accionarialment.

La Vanguardia

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso un segundo suplicatorio para el alcalde de Tarragona y diputado por CiU, Joan Miquel Nadal. El tribunal investiga un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación 

CDC respalda a Nadal sin reservas y el PSC niega que el caso ponga en peligro el pacto de gobierno en el Consistorio tarraconense 

El Supremo pide otro suplicatorio para el alcalde de Tarragona por supuesta corrupción

El tribunal investiga tráfico de influencias y posible prevaricación de Nadal a favor de su mujer

FERNANDO GARCÍA MADRID. -- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido elevar al Congreso un segundo suplicatorio para poder investigar al alcalde de Tarragona y diputado por CiU Joan Miquel Nadal Malé por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Si en la anterior y todavía reciente ocasión se trató del supuesto favorecimiento a un amigo y ex socio, ahora la acusación reside en un presunto trato de favor a la propia mujer del regidor municipal y parlamentario, Julia Abad. Nadal recibió ayer el respaldo y la confianza sin reservas de su partido, CDC.
Según el auto en el que el Supremo se dirige a la Cámara Baja en cumplimiento de los derechos que Nadal tiene como aforado, "los hechos denunciados por el fiscal ponen de manifiesto que nos podemos encontrar ante la posible existencia de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias".

Condiciones irregulares 

El escrito señala que dichos hechos "no resultan desvirtuados por las alegaciones" de la defensa del diputado. Los magistrados relatan así lo ocurrido: "Una sociedad mercantil en la que el señor Nadal tenía manifiesto interés, a través de la intermediación de su esposa, puso en marcha un proyecto fue inicialmente aprobado gracias a la ocultación de circunstancias que, de haberse conocido, hubiera dificultado tal aprobación. Posteriormente, el señor Nadal autorizó que el proyecto se aplicara en condiciones irregulares y, finalmente, que varios años después el Ayuntamiento de Tarragona adoptara acuerdos que lo favorecían sin obtener ventaja alguna como era exigible. Todo ello ha representado un indudable beneficio para la sociedad promotora, que se ha evitado el coste de la construcción de una red de saneamiento que se ajustase a la legalidad".

El auto insiste en que de todo ello "pudiera desprenderse la existencia" de un delito de tráfico de influencias, "no existiendo razón alguna para excluir en este momento procesal la concurrencia de indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación".

La resolución está firmada por Gregorio García Ancos (presidente), Luis-Román Puerta y Roberto García-Calvo (ponente). El presidente de la Sala de lo Penal, José Jiménez Villarejo, se abstuvo de encabezar el tribunal por tratarse de un caso investigado desde el ministerio público por su hermano Carlos, jefe de la fiscalía anticorrupción.

Poco después de conocerse la decisión del Supremo, el presidente de la intercomarcal de CDC de Tarragona, Joan Aregio, expresó su " plena confianza" en las actuaciones de Nadal. A través de un comunicado, Aregio se felicitó de que el asunto "esté en manos" del Supremo, "ya que de esta manera se acerca la hora de resolverlo y al mismo tiempo se hace más próximo el momento en que se deje de cuestionar la tarea de Joan Miquel Nadal al frente del Consistorio".

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Josep-Lluís Ballesteros, defendió la presunción de inocencia de Nadal. Su intervención en este sentido fue idéntica a la que tuvo con motivo del suplicatorio concedido por el Congreso el pasado 7 de octubre para investigar al regidor por presunto tráfico de influencias en su mediación para que la Generalitat concediera licencia para un lavacoches a la empresa de un amigo. Ballesteros aseguró ayer que su partido apuesta porque sea la justicia la que se pronuncie, de forma que, mientras tanto, el asunto no pone en peligro el pacto de gobierno PSC-CiU.

La instrucción del caso del lavacoches se activará en los próximos días, una vez el magistrado que la lleva, Enrique Bacigalupo, resuelva las diligencias que le ha pedido la fiscalía anticorrupción. La única prueba cuya práctica puede darse por segura antes del juicio es el interrogatorio de Nadal, que podría celebrarse a principios de 1999.

Una conexión bajo sospecha

El caso que pretende investigar el Tribunal Supremo se remonta a 1993, cuando el Ayuntamiento de Tarragona aceptó una petición del municipio vecino de Els Pallaresos para conectar el alcantarillado de la urbanización Jardins de l'Imperi a la red general de Tarragona. El convenio no se firmó hasta tres años después, por falta de acuerdo en las negociaciones, pero permitió construir las viviendas sin necesidad de invertir en una depuradora o ampliar la red de saneamiento --teniendo en cuenta que Els Pallaresos no podía absorber las aguas residuales de las 600 viviendas de esta urbanización--.

El acuerdo entre ambos municipios benefició directamente a la empresa promotora de la urbanización, Citeco, en la que figuraba como accionista la mujer del alcalde de Tarragona, Júlia Abad. Joan Miquel Nadal siempre ha mantenido que el convenio con Els Pallaresos se firmó en 1985, antes de que él accediera a la alcaldía de Tarragona. Ese año, se firmó un acuerdo con Els Pallaresos para dar servicio a otra urbanización, Pallaresos Park, pero fue en 1996 cuando se rubricó un nuevo convenio que permitió ampliar la conexión a Jardins de l'Imperi. -- B. FLORÍA