Tres horas ante el juez El juez del Supremo interroga al alcalde de Tarragona sobre tres posibles delitos 

F. GARCÍA/B. FLORÍAMADRID 

Prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. El magistrado Enrique Bacigalupo, del Tribunal Supremo, tomó ayer declaración durante más de tres horas al alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, en relación a estos tres posibles delitos, derivados de la concesión de una licencia a precario para la instalación de un lavadero de coches en el barrio de Torreforta, en Tarragona. Se trata de la primera diligencia de interrogatorio que practica el alto tribunal en un caso cuya investigación se alargará, probablemente, más allá de las elecciones municipales del mes de junio.

El Supremo investiga si Nadal cometió alguno de los tres delitos al interceder ante la comisión de Urbanismo para que modificara un informe desvaforable que desaconsejaba la concesión de la licencia a precario a la empresa Palestra Latina, propiedad de un abogado amigo suyo y de la que él mismo había sido socio. El interrogatorio, muy extenso, lo dirigió el magistrado Enrique Bacigalupo. También estuvo presente el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.

El fiscal basó sus acusaciones en una prueba documental que demuestra que Nadal era socio de Palestra Latina, a través de la empresa Pronaus Tarraco, cuando intercedió en favor de la licencia, en abril de 1994. La comisión había emitido un informe desfavorable, porque los terrenos donde posteriormente se implantó la actividad están afectados por un vial previsto en los planes urbanísticos de Tarragona, teniendo en cuenta, además, que en 1991 se denegó una licencia igual a otra empresa, Hipromat España, interesada en montar un lavacoches en Torreforta.

En abril de 1994, Nadal envió un escrito a la comisión pidiendo que se reconsiderara el dictamen. Nadal vendió sus acciones de Pronaus a mediados de mayo, cuando la comisión había modificado el informe. En Pronaus Tárraco constaban como socicos Joan Miquel Nadal, el abogado y amigo del alcalde, Jordi Salvá, y el empresario José María Castañer. Este último se hizo cargo de todos los trámites administrativos para pedir la licencia ante el Ayuntamiento, aunque no desveló a qué empresa representaba hasta llegado el final de proceso. Para la acusación, fue una maniobra para ocultar que el alcalde tenía un interés manifiesto en el proyecto, según fuentes cercanas al caso.

Todo menos la foto

Joan Miquel Nadal corrió ayer por las calles de Madrid. Y lo hizo para evitar que la prensa le fotografiara saliendo de la sede del Tribunal Supremo. El alcalde demostró una preocupación adicional a la de su declaración ante la Sala Segunda: evitar a toda costa que se plasmara su imagen entrando o saliendo del tribunal. Su estrategia estaba bien preparada. Entró en el edificio -donde están prohibidas las cámaras- a las 8.30 horas , una hora y media antes de la citación. Al salir atendió a la prensa en los pasillos, y a continuación se escabulló por una puerta lateral, totalmente inhabitual, corriendo hasta su coche. Lo consiguió. En el Supremo nadie recordaba -“ni a Felipe González”- tomar ese tipo de medidas para evitar a la prensa. El secretario del PSC, Xavier Sabaté, expresó sus dudas de que “la imagen del alcalde huyendo de los objetivos de las cámaras sea la que quieren los ciudadanos de Tarragona”

Sólo CiU defiende la inocencia del alcalde 

Los grupos municipales reclamaron ayer respeto a la presunción de inocencia de Nadal, pero sólo CiU defendió esa inocencia. Su presidente, Joan Aregio, expresó la confianza de estar cerca del final del proceso y de que “el tribunal le considere inocente por la vía del archivo o la que corresponda”. El resto de grupos lamentaron el perjuicio a la imagen de la ciudad. Para el secretario del PSC, Xavier Sabaté, es importante que el Supremo aprecie indicios de delito, pues “ya no se trata de los órganos de Tarragona que Nadal cuestionó”. Y agregó que “quien se dedique a la actividad pública debe apartarse de los negocios”. Para Francesc Ricomà, del PP, “éste es el momento en que Nadal se podrá defender y de una vez el ciudadano tendrá información para valorar el tema”. Dolors Comas, de IC-EV, recordó “los numerosos filtros que ha pasado el proceso dada la condición de aforado” de Nadal, yrecordó que en estos casos el PP excluye a los implicados de sus listas. Miguel Zanón, del grupo mixto, pidió que Nadal dimita para preservar la imagen de la ciudad.