Seis terroristas y
cuatro fundamentalistas del brazo de Bush
GRANMA INTERNACIONAL, CUBA 200801 -POR PETE VALE —especial para Granma Internacional—
LA selección del ultraderechista cubanoamericano Otto Reich, como subsecretario de Asuntos del Hemisferio, es parte de una cadena de nombramientos políticos que han intensificado la Guerra Fría de Washington hacia América Latina.
La actual mayoría demócrata del Senado decidió oponerse a la elección de Reich. Líderes como Christoper Dodd y John Kerry declararon a la CNN que Reich es uno entre muchos de una larga lista de candidatos extremistas para posiciones muy importantes tanto para la región como para las estructuras del poder.
Pero esta decisión del Partido Demócrata está en una cuerda floja. La potencia del veto presidencial y los chantajes políticos del Partido Republicano tienen un extenso historial en afectar el proceso legislativo. Además, será difícil contrarrestar la influencia del secretario de Estado, Colin Powell, protector de varios de estos candidatos desde los años 80.
De hecho, la selección de Reich destaca una estrategia más amplia encaminada a politizar hacia la extrema derecha las instituciones administrativas estatales, incluyendo los órganos de la política exterior, los Departamentos de Justicia y de Defensa, con las designaciones de John Negroponte, Mauricio J. Tamargo, Roger Pardo-Maurer, Elliot Abrams y Roger Noriega.
OTTO REICH: EL NARCOTRAFICO Y LA POLITICA ANTICOMUNISTA
La historia de Reich habla por sí misma. Durante los primeros años de la administración de Reagan, Reich era el director de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (ADI). Según admitió en un reporte desclasificado el ex Fiscal General y antiguo asesor general de la Agencia, John R. Bolton, "es una subsidiaria de la CIA que promueve intereses políticos y económicos del Gobierno federal por medio de programas de asistencia financiera al extranjero".
Entre 1983 y 1986 estuvo al frente de la Oficina de Diplomacia Pública (ODP), departamento de operaciones psicológicas secretas, cuya tarea era desacreditar a los gobiernos progresistas y movimientos sociales del hemisferio.
A través de esta oficina se llevó a cabo una campaña de propaganda antisandinista durante casi una década, dirigida al Congreso y al pueblo estadounidenses, y que reflejó a la Nicaragua revolucionaria como un gulag y una cabeza de playa soviética. Más importante aún, su trabajo era asegurarse de la limpieza de la imagen de los insurgentes narcotraficantes, los Contras, a quienes llamaban "luchadores por la libertad". El objetivo: mantener, a toda costa, el flujo de dinero y armas a los mercenarios.
La ODP informaba directamente al Consejo de Seguridad Nacional durante las maniobras Irán-Contra, en las que el Gobierno de Reagan vendió armas de forma ilegal para contribuir a la desestabilización del Gobierno revolucionario de Nicaragua. Además, según la Comissión Tower, órgano investigativo del Senado designado para el caso, hubo tolerancia del Estado norteamericano y colaboración activa de la CIA respecto a la venta de drogas por parte de la Contra.
Un informe desclasificado en 1998 del entonces director de la CIA entre 1986 y 1989, Robert Gates, destaca la conexión narcótica: "Era una cuestión de preservación no solamente de los Contras, sino también [del proyecto] de la Agencia... Durante los períodos de suspención de la ayuda, los Contras continuaron recibiendo alimentos, medicina, municiones y otras formas de asistencia; los narcóticos pagaron todo. Guatemala, México y El Salvador eran los puntos de tránsito al mercado norteamericano".
Según reveló el New York Times, el terrorista Luis Posada Carriles, el mismo que se encuentra actualmente en una cárcel panameña por haber organizado un atentado contra el presidente cubano Fidel Castro durante la Cumbre Iberoamericana el pasado año, fue empleado por la CIA como el segundo al mando en las operaciones de reabastecimiento de drogas y armas desde la base norteamericana de Ilopango, en El Salvador, durante esa época. La CIA y Jorge Mas Canosa fueron los organizadores y financistas de la inmoral fuga de Posada Carriles de la prisión de Venezuela, donde cumplía condena por la voladura del avión cubano, en 1976, en que perecieron 73 personas de distintas nacionales.
El destino final de la cocaína eran las zonas urbanas de los Estados Unidos, donde la CIA facilitaba el comercio clandestino. Justamente hay ahora una investigación legal respecto al caso, promovida por la congresista por California, Maxine Waters, por el daño provocado a las poblaciones negras e hispanas.
Gracias al repudiable comercio de armas y drogas, los mercenarios pudieron continuar su guerra contra el pueblo nicaragüense.
La ayuda a los insurgentes fue suspendida por el Congreso de EE.UU. mediante la Enmienda Boland, en 1982, debido al descubrimiento de actividades clandestinas de la CIA y de las abiertas masacres de civiles por parte de los Contras. Reich hizo todo lo posible por desacreditar al senador Tower y su equipo legal, incluyendo una campaña de calumnia personal que lo calificaba, entre otras cosas, como alcohólico y agente de los Sandinistas.
También colaboró en el fomento de la ilusión de que la situación de los derechos humanos en El Salvador y Guatemala mejoraba constantemente. Esto fue decisivo en la conservación de la ayuda estadounidense a las instituciones del terror de ambos países. De esta forma, el ex jefe de la ODP aseguraría que el pueblo y el Congreso estadounidenses permanecieran desinformados sobre los verdaderos responsables del baño de sangre en Centroamérica: 200 000 muertos en Guatemala, 80 000 en El Salvador y 35 000 en Nicaragua, según reportes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Si bien los políticos de América del Norte tienen poca memoria, la multitud de desaparecidos, asesinados y torturados, víctimas de la política exterior de Reagan hacia América Latina, han dejado una profunda huella en la conciencia del continente. El surgimiento de las Comisiones de la Verdad en toda la región ha traído consigo una gran ola de procedimientos y acusaciones legales contra antiguos jefes militares. Los cargos van desde violaciones generales de los derechos humanos hasta el genocidio abierto durante los años setenta y ochenta.
LA OBSESION CON CUBA
La vendetta personal de Reich contra la Revolución Cubana es también muy conocida. Su íntima relación con la mafia miamense y los grupos reaccionarios paramilitares de origen cubano en la Florida data de tres décadas.
Durante los años ochenta, la ODP llevó a cabo una constante ofensiva contra Cuba a través de los medios de difusión masiva, al acusar a la Isla de "exportar la revolución" a toda América Latina. Como si la pobreza extrema y el terror de Estado no explicaran las raíces de la oposición armada izquierdista, se presentó a Cuba como el "instigador" del conflicto regional.
Su estancia en Venezuela como embajador norteamericano fue provechosa para la derecha anticubana de Miami. Presionó a las autoridades venezolanas para sabotear la demanda de extradición a Cuba de los terroristas contrarrevolucionarios de origen cubano, Orlando Bosch y Posada Carriles. Entre la intervención de la embajada norteamericana y el respaldo financiero de la ultraderechista Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), los dos pudieron continuar sus hazañas terroristas.
Reich administra actualmente el grupo de presión RMA International, cuyos principales clientes son la FNCA y su socio, Bacardi Corporation, el cual, según los registros públicos, ha contribuido con unos 600 000 dólares a su organización.
Según el Boston Globe, el elegido de Bush también fue "el arquitecto de la Ley Helms-Burton" en 1996, promovido por el binomio FNCA-Bacardí. La legislación penaliza a las subsidiarias estadounidenses que intenten negociar con Cuba. Incluso llega al extremo de tomar acción legal contra las firmas extranjeras que utilicen propiedades norteamericanas nacionalizadas por la Revolución en sus inicios —incluidas las pertenecientes a los cubanos que salieron del país hacia EE.UU. en la década del 60.
PENETRACION DE LA EXTREMA DERECHA
Pero Reich representa sólo un dominó. Bush anunció recientemente la nominación de Mauricio J. Tamargo como presidente del Comité Federal Legal del Departamento de Justicia de EE.UU.
Tamargo, otro cubano-americano extremista y, "casualmente", abogado de la congresista y vehemente contrarrevolucionaria cubano-americana Ileana Ros Lehtinen, se encargaría de supervisar todos los asuntos legales relacionados con Cuba.
Según el Washington Post, la Unión Europea ha hecho público su disgusto en torno a esta nominación, dado el número de litigios de empresas europeas en los tribunales estadounidenses, debido al carácter extraterritorial de las leyes Torricelli y Helms-Burton.
El nombramiento del ex oficial político de los Contras, Roger Pardo-Maurer, como secretario de Defensa para los Asuntos Interamericanos, es otra de las objeciones. Analistas del Departamento de Defensa han expresado, en más de una ocasión, su preocupación ante la avalancha de la derecha radical en dicha institución. En una entrevista concedida al Washington Post, un funcionario del Departamento de Defensa, quien prefirió permanecer anónimo, señaló que "el nuevo Gobierno simplemente no ha notado cuán frágiles son las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina hoy en día".
John Negroponte, antiguo embajador de los Estados Unidos en Honduras durante el mandato de Reagan, es el nuevo representante norteamericano en las Naciones Unidas. Negroponte desempeñó un importante papel en la conversión de Honduras en una colosal base militar estadounidense y centro de entrenamiento para los Contras durante la guerra sucia contra Nicaragua.
En una serie de artículos sobre el papel de Negroponte en Honduras, el de Los Angeles Times afirmó que la embajada norteamericana participó con la CIA y las fuerzas armadas hondureñas, bajo la dirección del entonces general Alvarez, en la creación y entrenamiento del Batallón 316. Según el grupo de los derechos humanos Human Rights Watch y las mismas autoridades homdureñas, este grupo paramilitar era responsable por los actos de sabotaje, tortura, asesinatos y nada menos que de 184 desaparecidos de oponentes políticos.
Y la lista sigue. El ex subsecretario de Asuntos del Hemisferio bajo Reagan y actual coeditor de la revista ultraderechista norteamericana National Review, Elliot Abrams, es el candidato para el Consejo de Seguridad Nacional.
El consejero para Asuntos sobre América Latina del senador extremista Jesse Helms, Roger Noriega, podría ser el embajador estadounidense en la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras Daniel Fisk, predecesor de Noriega como asesor de Helms, está en la sala de espera para una posición de consejero en el Departamento de Defensa o de Estado de EE.UU.
Editoriales publicados por los principales diarios estadounidenses, el New York Times y Los Angeles Times, expresaron su oposición a "los elegidos" de Bush, a los que calificó de "reliquias de la Guerra Fría de los Estados Unidos de Reagan".