LA ESTRELLA DIGITAL 2410000

El gobierno de Cuba hizo pública ayer una nueva ley que establece el cobro de un impuesto a las llamadas telefónicas entre la isla y Estados Unidos. Un decreto ley aprobado por el Consejo de Estado cubano, publicado en la portada del periódico oficial "Granma", establece un recargo del 10 por ciento sobre la tarifa básica por minuto de duración de cada llamada telefónica internacional entre Estados Unidos y Cuba o viceversa.

"El gobierno de Cuba se reserva el derecho de adoptar las medidas que estime pertinentes, incluido el corte total de las comunicaciones telefónicas directas e indirectas entre ambos países, si las autoridades estadounidenses intentan impedir, congelar o confiscar los ingresos que se deriven de este impuesto", advierte el decreto.

El Congreso de Estados Unidos aprobó recientemente una enmienda legislativa que permitiría emplear el importe de fondos cubanos que las autoridades norteamericanas mantienen congelados, para indemnizar a las familias de tres pilotos que murieron en el derribo de dos avionetas anticastristas por aviones cazas de la isla en 1996.

Esos fondos, que ascienden a unos 160 millones de dólares, proceden del importe de pagos por los servicios telefónicos prestados por la antigua compañía estatal cubana EMTELCUBA y otros pertenecientes al Banco Nacional de Cuba.

Según el texto de la nueva legislación que regirá a partir de su publicación en la "Gaceta Oficial", se mantendrá vigente "hasta la devolución total de los fondos cubanos ilegítimamente congelados en EE UU con los intereses correspondientes".

La normativa indica que las llamadas directas en ambas direcciones entre usuarios de Cuba y de otros países, exceptuando a Estados Unidos, no serán afectadas por el impuesto.

Asimismo señala que cuando las llamadas se produzcan de Estados Unidos hacia Cuba a través de terceros países, las empresas de esas naciones deberán incluir el cobro del 10 por ciento referido.

Subraya también que los fondos recaudados por este concepto serán destinados a la compra de equipos médicos, medicamentos y materias primas para su producción.

Además encarga a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) -empresa mixta cubano-italiana- para retener los ingresos que se recauden y transferirlos al Estado cubano de acuerdo con lo estipulado en la legislación vigente.

El documento considera que la enmienda legislativa aprobada por el Congreso de EE UU "constituye un poderoso estímulo al contrabando de inmigrantes, y a las violaciones del espacio aéreo cubano por parte de grupos terroristas que ahora se sienten amparados para hacerlo impunemente".

"Tal despojo de los fondos cubanos constituye un hecho injustificable, ilegal e inmoral", afirma el decreto. Y señala que ninguno de los familiares de las 3.478 personas que murieron y de las 2.099 que quedaron de alguna manera inválidas para siempre como consecuencia de "actos terroristas y agresiones llevadas a cabo por mercenarios organizados, entrenados y dirigidos por las sucesivas administraciones norteamericanas, ha sido indemnizada por el gobierno de Estados Unidos".