EL MUNDO 251000

En los últimos días, diversos medios informativos dan cuenta de decisiones adoptadas por el Congreso de Estados Unidos que supuestamente aflojarían el férreo bloqueo económico que ese país impone a Cuba. Más de un millón de cubanos desfilaron por las calles de la Habana, sin embargo, para denunciarlas como lo que son: nuevas acciones para recrudecer una agresión que dura ya más de 40 años.

No resulta difícil comprobar que nuestra apreciación es la correcta. El propio presidente Clinton definió el acuerdo legislativo como «un gran error» y deploró sus consecuencias negativas para el pueblo cubano. La ultraderecha miamense por su parte, lo saludó como una gran victoria: según el congresista Díaz Balart, de acendrada raigambre batistiana, se trata de algo incluso «mejor que la Ley Helms-Burton».

Si estos testimonios no fuesen suficientes, convendría leer lo que quedó escrito en la nueva Ley de Agricultura en Estados Unidos. En esencia se pone fin a todas las sanciones unilaterales en cuanto a alimentos y medicinas que actualmente aplica Estados Unidos. Pero excluye las que mantiene contra Cuba. Estas no sólo son ratificadas sino reforzadas con restricciones adicionales. Cualquier exportación a Cuba requeriría una aprobación casuística, mediante el complicado y engorroso sistema de licencias -que han probado ser un valladar insuperable- y establece un mecanismo de rigurosa supervisión del Congreso para cada licencia: Cuba debería pagar en efectivo y por anticipado; prohíbe todo financiamiento oficial o privado de cualquier entidad o persona norteamericana y extiende esta prohibición a sus dependencias o subsidiarias establecidas en cualquier otro país y a todas las instituciones extranjeras radicadas en Estados Unidos.

Se reitera, además, que toda violación a estas restricciones por «cualquier persona particular o entidad» (nótese que no distingue nacionalidad) «será sometida a las sanciones previstas en la Ley de Comercio con el enemigo» (aunque ante el Congreso hay propuestas para incrementarlas, hasta ahora esas sanciones son de 10 años de cárcel y un millón de dólares de multa por cada violación.)

Por si fuera poco se precisa que lo acordado en nada «altera, modifica o afecta» la legislación vigente respecto a Cuba. Para poner un sólo ejemplo de lo que esto significa: sería imposible transportar a Cuba absolutamente nada desde Estados Unidos puesto que conserva plena vigencia la Ley Torricelli que, como se sabe, suprimió compras por casi 14.000 millones de pesetas en alimentos y medicinas y castiga severamente incluso a los barcos extranjeros que participen en el comercio entre la isla y otros países.

Como si no bastase tan categórica reafirmación de la inalterada continuidad del bloqueo, al engendro legislativo agregaron la codificación de la prohibición a los norteamericanos de viajar a Cuba. Con ello el presidente de Estados Unidos pierde la última prerrogativa que le quedaba respecto al tema de Cuba. Pero no puede quejarse: todos los norteamericanos han sido privados de un derecho que les daba la Constitución.

Para agravar aún más la situación y hacer más escandalosa la falsedad acerca de la supuesta «flexibilización», el mismo parlamento estadounidense ha sancionado, simultáneamente, otra Ley que inevitablemente encontrará la respuesta que merece.

Sencillamente, han decidido entregar a los mafiosos de Miami los bienes pertenecientes al Estado cubano que están congelados en Estados Unidos como consecuencia del bloqueo. Este despojo absolutamente inadmisible no puede sino complicar aun más las ya difíciles relaciones entre los dos países y constituye en sí mismo una amenaza directa para hipotéticos flujos de recursos cubanos hacia un país que en cualquier momento los puede congelar para repartirlos entre sus protegidos terroristas y provocadores.

Desde el año pasado fue presentado al Congreso de Estados Unidos un proyecto de Ley que habría eliminado todas las sanciones unilaterales respecto a alimentos y medicinas. El Senado lo aprobó en 1999 y otra vez este año con una votación de 79 a 13- En la Cámara de Representantes el mismo texto fue aprobado el 10 de mayo por la comisión pertinente -después de derrotar, por cierto, una enmienda para excluir a Cuba- pero nunca se permitió votar esa Ley en el plenario. Transcurrieron más de dos meses de espera. El 20 de julio, en otro contexto, mientras discutían otro proyecto, 301 representantes se pronunciaron por eliminar esas restricciones para Cuba pero al día siguiente la dirección de la Cámara maniobró para anular esa decisión.

Finalmente impusieron un texto de Ley de asignaciones para la Agricultura que contradice lo que ya antes habían acordado en ambas Cámaras, que es claramente discriminatorio contra Cuba y cuyas cláusulas lesivas para mi país nunca fueron discutidas en ningún lugar. La ultraderecha republicana y la mafia anexionista se valieron de la disciplina partidista, los intereses vinculados a los cuantiosos subsidios incluidos en la Ley -varios cientos de miles de millones de pesetas- y la imposibilidad de discutir o enmendar el texto.

Llamar a todo esto un paso hacia una relación más normal entre países es una burda distorsión de la realidad. En verdad, fue la más grosera y cínica violación de la ética parlamentaria cuya única virtud es ilustrar acerca de la verdadera naturaleza, corrupta y antidemocrática, del sistema político estadounidense.

El resultado final: Cuba es ahora el único país de la Tierra a cuyo pueblo se le niega acceso a alimentos y medicinas y se le somete, en consecuencia, a lo que el Derecho Internacional define como crimen de genocidio. Describir tal cosa como un gesto de «flexibilidad» es, además, una afrenta a la inteligencia, el sentido común y la decencia humana. Contra Cuba es un crimen. Para el mundo es un insulto.

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