GRNAMA, CUBA 110300 -Susana Lee

Un extenso, detallado y fundamentado informe pericial, sustentado en un proceso de análisis en el que participaron cientos de especialistas de los organismos e instituciones del país, presentó ayer el doctor José Alejandro Aguilar Trujillo, investigador titular y jefe del departamento del sector externo en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, en el último día de la práctica de pruebas correspondiente a la Demanda por daños económicos al Gobierno de los Estados Unidos.

Su exposición, subdividida por acápites que evalúan los daños y perjuicios en consonancia con el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero en distintas esferas de actividad, y las agresiones a objetivos económicos y sociales, dio inicio con una explicación sobre los procedimientos de cálculo empleados y un pase de revista a la situación imperante en el país cuando la administración norteamericana en funciones decidió comenzar esa política criminal, que evidencia una vez más el objetivo básico del imperialismo desde entonces: destruir a la Revolución cubana en sus albores, para impedir a toda costa que pudiera transformar la realidad en que malvivía nuestro pueblo luego de 57 años de república mediatizada y neocolonial.

El perito ofreció los resultados de la evaluación encomendada al INIE a partir de la interrupción de los vínculos económicos de Cuba con su principal socio comercial y el aislamiento que le fuera impuesto en su área geográfica, al ser expulsada de la OEA por las presiones de los EE.UU., y hasta el año 1998.

En materia de ingresos dejados de percibir por exportación de mercancías y servicios, considera productos, turismo y aviación comercial (con la prohibición de viajar a Cuba a los nacionales estadounidenses) y las medidas instrumentadas por el bloqueo que afectaron el normal funcionamiento y desarrollo de las comunicaciones entre los ciudadanos de ambos países.

El efecto económico por la reubicación geográfica del comercio, incluye el incremento en los gastos de transportación, agravado por la prohibición de entrada en sus puertos a los buques que hubieren tocado radas cubanas o transportaran nuestras mercancías; en los precios por tener que acudir a otros mercados, en ocasiones utilizando a intermediarios que encarecían la gestión.

Asimismo Aguilar se refirió a los daños y perjuicios por recursos inmovilizados en inventarios en exceso y pérdidas de productos por condiciones de almacenaje; y en los gastos extraordinarios que fue imprescindible realizar en instalaciones y facilidades portuarias, almacenes, manipulación y distribución; en afectaciones monetario-financieras, que abarca las consecuencias de todo lo anterior (al elevarse el nivel de gastos en que estaba obligado a incurrir el país) a lo cual se suman las presiones para marginarnos de financiamientos internacionales y la decisión de impedirnos el uso del dólar estadounidense en nuestras transacciones comerciales.

También se desglosan en el dictamen las afectaciones a la producción y los servicios como consecuencia no solo de la pérdida de mercados para la exportación y la importación de insumos y activos, sino por la baja anticipada de equipos de factura norteamericana por carencia de repuestos y la restricción en el acceso a tecnologías de punta; así como a la propia población, en lo cual, como aclaró el perito, pese a que son muchas las que repercuten negativamente sobre su nivel de consumo de bienes y servicios, solo se mencionan las ocasionadas por la tenencia de determinados equipos que quedaron obsoletos o inutilizables por la falta de repuestos, y por diversos servicios dejados de prestar en la red de tintorerías y lavanderías, refrigeración, electrónica y enseres menores.

Por último, en lo que a costo del bloqueo se refiere, se enumeran los efectos derivados de uno de los objetivos que ha centrado siempre la atención de los EE.UU.: privar a Cuba de profesionales en diferentes actividades clave de la producción y los servicios, e incitar a varios segmentos de la población para que abandonen ilegalmente el país. Recordó en tal sentido que a poco del triunfo revolucionario abandonaron el país 3 000 médicos, la mitad de los que ejercían entonces, y dos tercios de los técnicos azucareros de primera línea.

De acuerdo con la evaluación realizada, la conciliación con estimaciones de carácter global efectuadas y la depuración de posibles duplicaciones, el perito concluyó que los daños y perjuicios causados por el bloqueo ascienden a 67 093,2 millones de dólares.

En cuanto a la cuantificación de las agresiones, para lo cual se utilizó similar procedimiento en la obtención de la información (en este caso no solo por vía de ministerios e instituciones, sino también de los Consejos de la Administración provinciales del Poder Popular), el dictamen estima las afectaciones ocasionadas por bombardeos a instalaciones fabriles y cultivos, sabotajes a fábricas y centros agropecuarios, así como a representaciones diplomáticas y comerciales en el exterior, invasión y fomento de bandas contrarrevolucionarias, destrucción de viviendas de campesinos, escuelas, teatros y otros objetivos sociales, ataques y secuestros de embarcaciones y aviones, y por agresiones biológicas a programas agropecuarios y a la población.

En este último caso concluye que la evaluación de estos daños y perjuicios, incluidos los gastos en que ha tenido que incurrir el país para garantizar la seguridad y protección de la población y los bienes de la nación, se elevan a 54 000 millones de dólares.

Esta cantidad, sumada a la del bloqueo, arroja la cuantía total de 121 000 millones de dólares estadounidenses, que demanda el pueblo cubano, mediante sus organizaciones sociales y de masas, al Gobierno de los Estados Unidos como reparación e indemnización por los daños provocados en estas más de cuatro décadas.

Concluido su dictamen y en respuesta a los letrados, Aguilar explicó que la magnitud de tales daños y perjuicios equivalen a 15 veces el nivel de importaciones que realizó el país en 1989 (año en que fue mayor ese volumen), señalando que, como mínimo, el bloqueo ha cercenado 15 años de desarrollo en Cuba.

Afirmó, además, que de no haber existido esta guerra económica, si bien no podría calcular en cuánto más hubiera crecido la economía cubana (entre 1959 y 1989 lo hizo a un promedio del 4,6% anual), de lo que sí estaba seguro era de que ese ritmo de crecimiento habría sido más dinámico y acelerado.

Daños

$ 6 405 millones de dólares

Perjuicios

$ 114 595 millones de dólares

Afectación total

$ 121 mil millones de dólares

COSTO DEL BLOQUEO HASTA 1998

(Millones de dólares)

Afectaciones a exportaciones 30 195.8

Reubicación geográfica comercio 16 120.1

Afectaciones producción y servicios 9 645.7

Afectaciones a la población 1 484.9

Afectaciones monetario-financieras 7 440.0

Incitación emigración, robo de cerebros 2 206.7

Total 67 093.2

¿Otro entre nosotros?, se preguntaron molestos muchos de los cabecillas contrarrevolucionarios en Miami, cuando en 1998 desapareció sorpresivamente uno de sus hombres más confiables en los últimos años. Las sospechas de entonces se confirmaron públicamente ayer: aquel "activo colaborador" en sus planes contra Cuba era en verdad un agente de la Seguridad del Estado: Iván José Luis Joanicot, el último testigo que compareció en el proceso legal contra el gobierno norteamericano por daños económicos provocados a Cuba.

Joanicot, junto a su esposa María Elena Reyes Ortiz, había sido reclutado por la Agencia Central de Inteligencia en 1993, que lo introdujo en el Comando de Liberación Unida (CLU), la primera de varias organizaciones contrarrevolucionarias donde se mantuvo infiltrado como agente cubano hasta 1998. También fue reclutado desde un inicio por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con la misión expresa de mantener informada a esa institución sobre los pasos y planes de dichas agrupaciones.

En el CLU, Joanicot llegó a ser jefe de una columna, mientras su esposa fungía como secretaria del cabecilla y terrorista, Héctor Viamonte. Con él participó, por ejemplo, en la organización de un campamento de entrenamiento con la idea de desembarcar por Pinar del Río, tomar una ciudad y pedir ayuda interventora al gobierno norteamericano. Enterado del plan, el propio FBI desarticuló el campamento, por tratarse de un acto demasiado comprometedor. "Pero a ningún miembro del campamento le pasó nada", señaló el agente cubano, al insistir en una práctica que se hace demasiado usual: se conocen al detalle las acciones contra Cuba, pero no se toman medidas contra sus autores.

Por su desempeño, Joanicot llegó a convertirse en cercano "amigo" y colaborador de Roberto Martín Pérez, el jefe militar de la Fundación Nacional Cubano Americana. "A través de él supe de numerosos planes dentro de los EE.UU. y países de Centroamérica con acciones terroristas, sabotajes y crímenes contra Cuba". Su posición dentro del enemigo le permitió conocer personalmente a personajes como Jorge Más Canosa o el propio Helms. A su juicio, entre los detalles más reveladores se encuentran las comprometedoras relaciones que mantiene la FNCA con otros grupos, políticos, gobiernos e instituciones; vínculos a veces públicos y otras veces casi secretos.

Entre los abiertos están los establecidos con Alpha 66 o Hermanos al Rescate. Pero el testigo también dio fe de los estrechos lazos con pinochetistas y elementos fascistas en Chile, con terroristas y ex miembros de dictaduras militares en Honduras, El Salvador y Nicaragua o los vínculos con los ex gobernantes de Argentina, Carlos Menem, y de Nicaragua, Arnoldo Alemán. "Martín Pérez decía que ellos les costaban a la Fundación mucho dinero y por eso tenían que hacer lo que la Fundación dijera...", relató.

La lista de políticos locales y funcionarios turbiamente vinculados a la FNCA parece respetable. El testigo mencionó algunos: Juan Evelio Pous, jefe en la Secretaría de Agricultura de los EE.UU. y dueño de uno de los fusiles que se usarían en el frustrado atentado a Fidel en Isla Margarita, en 1997; el ex alcalde de Miami, Javier Suárez; el alcalde del Condado de Miami Dade, Alex Penelas...

Uno de los lazos "no públicos" es el que sostiene la Fundación con la organización terrorista Ex Club de Miami, dirigida por Rolando Borges, y cuya rama militar actúa incluso clandestinamente, a la sombra de sus propios miembros, quienes la creen una agrupación humanitaria, de ayuda a ex presos, reveló Joanicot. Sus burdos y agresivos planes han contemplado incluso la tarea de "matar turistas" y la advertencia de ese propósito a los países emisores.

También tras bambalinas la Fundación se conecta con el Grupo de Apoyo a la Disidencia (GAD), que envía dinero y materiales a grupúsculos en Cuba, confirmó. Dirigido por el agente CIA y veterano del Ejército norteamericano, Francisco Hernández Trujillo, el GAD cuenta además con el Centro de Estudios Militares. "Es realmente ahí donde se evidencia el contubernio entre la mafia terrorista de Miami y el gobierno norteamericano", sostuvo el agente cubano al referir que a las reuniones de esos grupos han asistido miembros del Pentágono e incluso, Peter Ohr, asesor del gobierno norteamericano, quien ha participado en la discusión de los planes contra Cuba "y llegó a preguntarme si yo conocía oficiales dentro de las Fuerzas Armadas cubanas que podrían unirse en un golpe de Estado contra el Gobierno Revolucionario".

Entre las más recientes y comprometidas actividades el testigo mencionó también las que realiza el Instituto para la Democracia, creado por el gobierno en 1997 a través de la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID), con un presupuesto de un millón de dólares anuales y que agrupa a una decena de organizaciones contrarrevolucionarias de Miami, presentadas a veces bajo un manto democrático. También citó al Consejo de Ayuda Militar Cubano Americano, grupo paramilitar con oficina en Washington, financiado por el Pentágono, dirigido por Eneido Oliva, general retirado del Ejército norteamericano y quien fuera segundo jefe de la Brigada 2506, que invadió a Playa Girón.