EL PAIS 120299 * MAURICIO VICENT, La Habana

-Temor entre los exiliados y sus familias en la isla a perder la comunicación directa

Más de medio millón de familias cubanas que residen a ambos lados del estrecho de la Florida temen quedar incomunicadas en las próximas semanas en caso de que no se resuelva el enrevesado conflicto que enfrenta desde hace meses a un juez federal de EE UU con el Gobierno de Fidel Castro. Funcionarios cubanos reiteraron ayer a EL PAÍS que Cuba suspenderá las comunicaciones directas con EE UU si se cumple el fallo del juez James Lawrence King, que ha ordenado a las compañías telefónicas estadounidenses que dejen de pagar a La Habana por el caso de las avionetas de Hermanos al Rescate derribadas por cazas cubanos en 1996, y que costó la vida a tres cubano-americanos

"Si no pagan, no le vamos a dar un servicio gratuito a EE UU. Se lo hemos advertido unas cuantas veces", dijo recientemente el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón.

La historia de este rocambolesco enfrentamiento se remonta al 17 de diciembre de 1997, fecha en que el juez King decidió compensar con 187,6 millones de dólares a los familiares de tres pilotos de la organización Hermanos al Rescate que murieron el 24 de febrero de 1996, al ser derribadas las avionetas en que volaban por cazas de combate de la Fuerza Aérea cubana.

Los abogados de los familiares de los tres pilotos muertos, Armando Alejandre, Carlos Alberto Acosta y Mario Manuel de la Peña, comenzaron a batallar entonces para que las compensaciones que debía pagar el Gobierno cubano se tomasen de los fondos del Estado cubano que el Departamento del Tesoro tiene congelados en bancos norteamericanos desde el triunfo de la revolución, que ascienden a 145 millones de dólares, así como del dinero que envían anualmente a la isla las compañías telefónicas norteamericanas que tienen negocios con Etecsa, la empresa de telecomunicaciones cubana.

Cuba recibe aproximadamente 75 millones de dólares anuales de varias compañías telefónicas estadounidenses (entre ellas la poderosa AT&T) por los beneficios que generan las llamadas directas, restablecidas en 1992 al amparo de la Ley Torricelli. De cada llamada, Etecsa recibe el 50% del importe.

La semana pasada se cumplió el plazo dado por el juez King para que las compañías telefónicas de EE UU dejen de pagar a la parte cubana, por lo que el corte de las comunicaciones podría producirse en cualquier momento.

El Gobierno norteamericano, por una vez de acuerdo con el cubano, se opone a que los fondos para compensar a los familiares de los pilotos muertos se tomen de los fondos congelados o del dinero que se le paga anualmente a Cuba arguyendo razones de "seguridad nacional".

-INTERFERENCIAS DEL JUEZ

Según el Departamento de Estado, de llegarse a aplicar una decisión de este tipo, se estaría interfiriendo en la política norteamericana hacia Cuba, que tras la Ley Torricelli es la de fomentar el intercambio y las comunicaciones con el pueblo cubano, eso sí, como vía paralela al embargo para "luchar" por la democracia en Cuba.

Ante el vencimiento del plazo y las reiteradas advertencias cubanas, la administración Clinton, a través del Departamento de Justicia, ha solicitado por escrito esta semana al juez King que reconsidere su postura para evitar llegar a un callejón sin salida.

Sus argumentos son dos: que las comunicaciones con Cuba son una cuestión de política nacional; y que la compañía Etecsa, al estar participada por la empresa italiana Stet, tiene una identidad legal separada al Gobierno cubano, por lo que no es válido el argumento de los familiares de que los fondos para compensarles serían tomados directamente del Gobierno cubano. (...)

-MÉRITOS REVOLUCIONARIOS PARA LOGRAR UN APARATO

(...) El reciente anuncio de la empresa Etecsa de que en los próximos meses instalará 41.000 nuevas líneas ha desatado una verdadera fiebre popular, en una ciudad donde las casas con teléfono no son mayoría. Sólo en los primeros cuatro días después del anuncio, se recibieron 54.000 solicitudes en las oficinas municipales habilitadas para recoger las peticiones.