Alimentos y medicinas

 

GRANMA, CUBA 140599 /NICANOR LEON COTAYO

EL 14 DE mayo de 1964 el gobierno de los Estados Unidos formalizó el bloqueo a las ventas de alimentos y medicinas a Cuba, y 35 años después, una vez más, acaba de reafirmar esa política, seguramente el aspecto más repudiado del cerco que implantó con la esperanza de recuperar a la neocolonia que perdió para siempre.

La medida fue dictada ese día, pero ya desde casi un quinquenio antes Washington había empezado a cortar sus relaciones económicas, comerciales y financieras con nuestra nación, y presionaba a otros países con el ánimo de que hicieran lo mismo, para evitar, entre otras cosas, que la Isla tuviese los recursos necesarios para comprar productos alimenticios y médicos.

El periódico The New York Times advirtió a la Casa Blanca, 24 horas después de informada aquella sanción, que "no es esta la manera de ganar la guerra fría contra Cuba, ni es el modo de presentar al mundo una imagen de los Estados Unidos como país humanitario y magnánimo".

Y después, hará mañana 35 años de aquel editorial, sentenciaba con total acierto: "Los Estados Unidos nada ganarán hambreando más a los cubanos ni ganarán amigos en Cuba haciéndoles sufrir por falta de medicinas".

Sin embargo, el pasado 28 de abril, en Washington reiteraban que se mantendrá vigente la prohibición de vender medicinas y alimentos a La Habana, y condicionaban sus posibilidades a las inaceptables regulaciones contenidas en las leyes Torricelli y Helms-Burton, al tiempo invocaron las medidas que, con iguales pretensiones, Clinton dio a conocer el cinco de enero último.

Esa formulación tuvo lugar cuando dos altos funcionarios del gobierno estadounidense, Stuart Eizenstat, subsecretario del Departamento de Estado, y Richard Newcomb, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, anunciaron el propósito oficial de eliminar los alimentos y las medicinas de las futuras sanciones e incluso de los "embargos" ya en vigor, aunque luego de un análisis paulatino.

También dieron a conocer la liberalización de las ventas de esos productos a Irán, Sudán y Libia, países que junto a Cuba, Iraq y Corea del Norte integran la lista que circula anualmente el Departamento de Estado respecto a países que, de acuerdo a su juicio, son "patrocinadores del terrorismo internacional".

Aclararon que en lo referido a los tres primeros, en lo adelante modificarán el rechazo generalizado ante sus pedidos de compras y pasarán a una voluntad en favor de las propuestas de negocios en ese terreno, aún cuando mantendrán el otorgamiento de licencias caso a caso.

Eizenstat admitió que la inclusión de los alimentos y las medicinas en las medidas económicas unilaterales que aplican contra países que no cumplen sus dictados ha tenido consecuencias negativas para los intereses norteamericanos, y entre los objetivos que se han trazado mencionó el disminuir lo más posible ese costo político y económico.

En sintonía con ello definió el "nuevo enfoque" de la actuación de los Estados Unidos frente a comportamientos de terceros países que, desde su punto de vista, los afecten.

El alto funcionario dijo que, en primer lugar, acudirían a esfuerzos diplomáticos y políticos, en segundo a la implementación de sanciones multilaterales, y si tales opciones fracasaran analizarían la implantación de sanciones unilaterales.

En estos momentos Cuba es el único país que tiene cerradas todas las vías para comprar alimentos y medicinas en los Estados Unidos, y la mención que se hizo a las posibilidades que brindan al respecto las conocidas Ley Torricelli y Helms-Burton, así como a los también conocidos pronunciamientos que hizo la administración yanki el pasado cinco de enero, son, llana y simplemente, un ruin intento de burla.

¿Por qué estos reacomodos en la posición de Washington en cuanto a las sanciones económicas unilaterales que han aplicado a quienes no se postran ante sus ordenanzas?

En primer lugar debido a las fuertes presiones que han ejercido sobre la Casa Blanca sectores empresariales norteamericanas, en particular del ámbito agrícola, que afronta graves dificultades en materia de precios y de posibilidades de venta al exterior, mientras que, según la Oficina Congresional del Presupuesto, solo en el área comercial le tienen aplicadas restricciones al menos a 29 naciones del mundo.

En segundo lugar por las numerosas críticas que tanto en el plano interno como externo han recibido las esferas oficiales de los Estados Unidos por esa extendida e ineficaz política de aplicar sanciones económicas a otros países, con absoluto desprecio a los establecido internacionalmente.

O sea, que han reconocido públicamente lo cuestionable del uso de los alimentos y las medicinas como mecanismos de castigo que solo afectan a los pueblos, hecho que pone al desnudo, en labios de quienes la ejecutan, la inconsistencia de la línea seguida hacia Cuba y la falta de ética que le ha acompañado.

Si el titulado nuevo enfoque en este campo fuese aplicado a nuestro país, tendrían que levantar ese bloqueo. Pero esa posibilidad no se vislumbra en el horizonte. Como dos piezas de un mismo objetivo reafirman la vigencia de la ley Helms-Burton y las engañifas de la "flexibilización" que Clinton levantó el cinco de enero.

A 35 años de que el 14 de mayo de 1964 formalizaran el bloqueo a los productos alimenticios y médicos a Cuba, la intención de emplear esa arma para alcanzar objetivos políticos resulta aún más evidente. A manera de renovada señal en cuanto a lo que en verdad podemos esperar de Washington, en medio de un mundo cada vez más complicado y peligroso