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Guatemala se independizó de España el 15
de septiembre de 1821 para ser un país relativamente
libre, soberano e independiente. No obstante, desde la
semana pasada están aquí ocho policías españoles como
guardaespaldas del juez Santiago Pedraz, del fiscal
Jesús Alonzo y otros funcionarios de la Audiencia
Nacional de España (ANE) que vinieron para estar
presentes en la audiencia que iba a comenzar a
celebrarse hoy entre los generales José Efraín Ríos
Montt, Óscar Humberto Mejía Víctores y Germán Chupina
Barahona y el juez 11 de Instancia Penal, licenciado
Saúl Álvarez, la cual fue suspendida indefinidamente por
la Corte Suprema de Justicia.
No tengo nada
personal contra estos españoles, ni deseo cometer una
falta de hospitalidad, pero no son bienvenidos porque no
vinieron para disfrutar de los encantos del territorio
que sus antepasados invadieron, ensangrentaron y
saquearon a su sabor y antojo, ni obedece su presencia a
razones de carácter cultural, comercial o turístico,
sino al propósito de entremeterse en asuntos que no
competen a la ANE porque no tiene jurisdicción en
Guatemala de acuerdo a lo que ordena la Constitución en
el último párrafo del artículo 203: “La función
jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por
la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales
que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá
intervenir en la administración de justicia”. ¿Está
claro? Los funcionarios de la ANE no tienen más qué
hacer en esa audiencia que escuchar en respetuoso
silencio lo que se diga, pero sin intervenir de manera
alguna. A menos que reformemos nuestra Carta
Magna.
Ignoro hasta qué punto están comprometidos
por motivos ideológicos, políticos o de otra índole (¿?)
con las insistentes maquinaciones vengativas de la
indígena quiché Rigoberta Menchú Tum y sus corifeos y
aliados nacionales e internacionales, pero el DRAE
define la palabra genocidio en esta forma: “exterminio o
eliminación sistemática de un grupo social por motivo de
raza, de etnia, de religión, de política o de
nacionalidad”. Y lo que hubo aquí fue una guerra
fratricida en la cual soldados indígenas, bajo las
órdenes de oficiales mestizos o ladinos, se enfrentaron
a guerrilleros subversivos indígenas bajo el mando de
comunistas mestizos o ladinos, como puede verse en esta
fotografía inédita que fue incautada por un miembro del
Ejército Nacional que tomó parte en el asalto a un
reducto urbano de la guerrilla en la capital y me la ha
proporcionado. Ojalá que además de la edición impresa de
elPeriódico, también pueda ser reproducida en la edición
de internet. Fue captada en diciembre de 1982 en
Comitán, Chiapas (México) durante la reunión de la
dirección nacional del Ejército Guerrillero de los
Pobres (EGP) Ninguno de ellos es miembro de alguna de
las etnias indígenas, pero fueron los comandantes de los
indígenas que lucharon en las fuerzas irregulares que se
enfrentaron a los soldados indígenas del Ejército
regular.
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Están de pie,
de izquierda a derecha: 1) Carlota Cáceres (a) Lolita;
2) Víctor Manuel López Vásquez (a) Vicente; comandante
Raúl; 4) Guillermo Cruz (a) Mariano; 5) Ricardo Arnoldo
Ramírez de León (a) Rolando Morán, comandante en jefe
del EGP; 6) Gustavo Adolfo Meoño Brener (a)
Manolo-Pancho, 2o. comandante del EGP y después director
de la fundación Rigoberta Menchú; 7) (a) Lola; 8) (a)
Milton comandante del agrupamiento táctico “19 de
enero”. Sentados: 1) (a) Sergio de la comisión logística
internacional; 2) Fernando Hoyos (a) Carlos, del frente
guerrillero Ho-Chi-Minh, 3) (a) comandante Camilo; y 4)
Silvia Solórzano Foppa (a) Rita. Algunos de ellos han
muerto, pero otros aún están vivos. |
