La libertad es un bien demasiado preciado para tolerar que alguien atente contra él. En Tarragona, algunos militantes de CDC de los barrios de Poniente están recibiendo amenazas anónimas y son víctimas de actitudes vejatorias por parte de algunos vecinos contrarios a la instalación del molino de cemento. Se trata de algo que debe pararse inmediatamente. No quiero ser alarmista, pero si en lugar de atajar esas actitudes radicalmente, se toleran o hasta se inducen, la fractura social que puede causar entre los vecinos puede ser grave. Es algo que está pasando ya en Móra la Nova, por ejemplo, a raíz del conflicto que se ha generado con la propuesta de instalación de la central elétrica de Enron.

Allí, lamentablemente, estar a favor o en contra de la central ha marcado la existencia de dos bandos que dejará cicatrices en la comunidad. Me consta que comerciantes de Móra la Nova favorables a la central, en una acción espontánea de vecinos de los pueblos de la zona, han perdido clientes en la comarca por esa razón. Y de la misma forma me consta que ciudadanos de Móra la Nova contrarios a la central viven sometidos a insultos y presiones de toda índole en su propio pueblo, donde parecen haber perdido sus derechos. Y me refiero a derechos mínimos: de pensamiento, de expresión y de reunión. Y, en definitiva, de vivir en paz en casa. En Móra la Nova, la televisión local ejerce un control férreo y no admite ninguna voz discordante con la política oficial del Ayuntamiento; de la misma forma, se deniegan todas las solicitudes para actos informativos sospechosos de no coincidir con la voz oficial, y se ha generado un sentimiento general de victimismo entre la población, que la enfrenta a todos los pueblos vecinos, acusados sistemáticamente de querer hundirlos por envidia y dios sabe cuantas barbaridades más. Todo ello es responsabilidad del alcalde-diputado Joan Sabanza, a quien alguien debería devolver la cordura política.

Allí i aquí, los líderes políticos y ciudadanos, y todos cuantos tienen influencia deben ejercerla para que la defensa de unas ideas sea compatible con la defensa de las contrarias. El coste de una fractura social entre los vecinos y la violencia contra los derechos individuales son simplemente impagables.

Estos últimos días hemos podido leer anuncios de la empresa Enron, la de la central eléctrica en Móra la Nova, y de Cementos Esfera, que aspira a construir un molino de cemento frente a los barrios de Poniente de Tarragona, para convencernos de que son más buenos e inocentes que un angelito barroco. Aunque teniendo en cuenta que la empresa americana ha conseguido poner en su contra a la práctica totalidad de la Ribera d’Ebre i que la cementera ha logrado que cerca de dos mil vecinos de la zona salieran a protestar contra su ubicación, debemos concluir que o bien su mensaje no era nada convincente, ni el de los Ayuntamientos respectivos, o que en este país aún hay mucha gente que no lee. En cambio, no hay ninguna duda de su probada capacidad de convocatoria, en contra. A mí lo de “Enron informa” o “Cementos Esfera SA. informa” me ha hecho gracia y me apunto a la moda. Así que, a propósito de la cementera de Tarragona, Jordi Tiñena informa:

1.- Que las autoridades municipales no parecen tener la más incipiente idea de lo que quieren hacer en esa zona de la ciudad, con un polígono entrevías totalmente depauperado y una carretera N-340 que acoge los restos de más de un naufragio empresarial, y que parecen no darse cuenta de que la carretera va a convertirse relativamente pronto en tejido urbano y es en esa línea que habría que apostar, en lugar de autorizar industrias sospechosas de contaminación que inevitablemente van a hipotecar decisiones futuras.

2.- Que el futuro existe, a pesar de la miopía de nuestras autoridades, que eso sí, ven muy claro que la cementera debe ir a la zona de Poniente.

3.- Que decir como se ha dicho desde el Ayuntamiento que las protestas vecinales son instigadas por las empresas competidoras, es una provocación i un insulto, porque sospecha que los vecinos son idiotas o corruptos. Y en ese terreno, si se tienen pruebas hay que enseñarlas o de lo contrario hay que dejar de decir inconveniencias y pedir perdón. O nos ponemos todos a hacer el irresponsable y a lanzar insinuaciones. 4.- Que si los gobernantes deben defender los intereses ciudadanos y hacerse eco de sus inquietudes, la instalación de la cementera no puede continuar, porque su voz ha sido muy clara. Incluso aunque los ciudadanos se equivoquen.

Que el progreso y una mejor calidad de vida precisan un gran gasto energético es algo que nadie discute, como tampoco tiene sentido discutir que las fuentes tradicionales de energía de este siglo, como la fósil o la nuclear, tienen fecha de caducidad, por más que las grandes compañías que la extraen y la comercializan intenten retrasarla al máximo. Con más o menos sinceridad, el mundo occidental se va acercando lentamente a un modelo energético más racional y más limpio, y conceptos como sostenibilidad o ecorentabilidad se van abriendo paso y destinar recursos suficientes a la investigación y al posterior uso de fuentes de energía alternativas a las actuales es sólo cosa de tiempo. De momento, damos los primeros y modestos pasos.

Uno de ellos es la instalación de pequeñas centrales fotovoltaicas como la que estos días está montando el IES. Campclar de Tarragona, cuya potencia será de 3,06 kw/h gracias a los 36 paneles solares que se instalan en el terrado. Se trata de una de las primeras experiencias de este tipo en centros escolares de Cataluña, que se acoge al decreto del gobierno sobre la conexión de estas instalaciones a la red de baja tensión, subvencionada, y que ha contado con la ayuda de diversas administraciones.

Y éste es justamente el aspecto que quiero destacar, porque no siempre sucede. Muchas veces un buen proyecto acaba siendo aparcado por falta de apoyos. Esta vez no ha sido así y la iniciativa del IES. Campclar, plasmada en un proyecto riguroso, detallado y posible, además de conveniente, ha encontrado el eco imprescindible para poder ser una realidad en el Departament d'Ensenyament, el Institut Català de l'Energia (ICAEN), el Consell Comarcal del Tarragonès, el Ayuntamiento de Tarragona y la Autoridad Portuaria.

Es un ejemplo feliz de comunicación y sintonía entre las administraciones y las entidades, en este caso un instituto de secundaria de la ciudad, que tendría que enraizar. Porque la administración no debe impedir o dificultar buenas iniciativas por razones burocráticas, administrativas o simplemente porque no está previsto, sino darles impulso y premiar con su apoyo el esfuerzo y la voluntad de quienes quieren tenerlas y trabajan por ellas. Como en esta ocasión. Que siempre sea así.

Ustedes ya saben que el Ayuntamiento ha adjudicado la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Tarragona a una empresa de Madrid vinculada a una consultora inmobiliaria internacional, que fue la única que se presentó al concurso. Y no ignoran que tanto la oposición como el colegio de arquitectos lo han criticado y que el equipo de gobierno se ha defendido, como es habitual, a base de apelar a la profesionalidad y la buena fe. Es enternecedor, pero insuficiente dados los antecedentes. Y los antecedentes son: Primero, que esta ciudad crece sobre la incoherencia, la improvisación y la pura especulación urbanística casi sin más planificación que la que los constructores quieren. Dense ustedes una vuelta para comprobar como crecemos con edificios enormes, calles estrechas donde jamás penetrará el sol o ausencia de espacios verdes. O recuerden que muy cerca de la zona donde ahora se quiere poner una cementera, se quiere impulsar la construcción de viviendas. Segundo, la adjudicación de trabajos a bajo precio, como en este caso, no es más que un fraude de la ley, que acabamos pagando desorbitadamente. O si no, veamos lo que está ocurriendo con el Palau de Congressos, cuyo importe final aún no conocemos, pero sí sabemos que la desviación presupuestaria será muy importante.

En cualquier caso, el Ayuntamiento ni puede ni debe dimitir de su responsabilidad política. Los técnicos dirán cómo puede hacerse, pero son los políticos y la sociedad civil quienes debemos decidir qué tipo de ciudad queremos. La revisión del plan general debe abrir un debate ciudadano y es el gobierno de la ciudad quien debe promoverlo e incentivarlo. Se trata de una oportunidad para la reflexión sobre el modelo de ciudad de nuestro futuro que hay que aprovechar. Es imprescindible pues que el equipo de gobierno sea capaz de renunciar al partidismo, entienda que debe aprovechar toda la riqueza de pensamiento que la ciudad genera e impulse el debate; es hora de que se convenza de que los discrepantes no son enemigos y de que el contraste enriquece; de que empiece a contar con todos. Como lo es de que las entidades y asociaciones de la ciudad, a menudo en silencio en los temas ciudadanos que no les atañen directamente, participen más.

Los tarraconenses deberíamos seguir con interés lo que está sucediendo por las comarcas del sur. Por ejemplo, la movilización ante los planes de la administración de situar una central eléctrica de ciclo combinado de gas natural de la empresa ENRON en Móra la Nova, debería recordarnos que, aunque de menor potencia, está prevista la instalación de dos centrales parecidas cerca de nuestra ciudad. Aunque lo más interesante del conflicto que se está viviendo por éste y otros temas en las tierras del Ebro es el pulso que mantienen los ciudadanos con los políticos, a quienes, con las excepciones lógicas, la situación ha superado por completo.

De una total falta de transparencia informativa se ha pasado al desprecio con que buena parte de ellos ha tratado a los ciudadanos por oponerse a sus planes con descalificaciones groseras que no tienen disculpa. Tampoco los plantes. No dejarse ver por allí parece ser la consigna vergonzosa en las filas de CiU.

El alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, como responsable del Consorci d'Aigües de Tarragona ha decidido no acercarse tampoco por allí y en una actitud de reyezuelo muestra los peores tics de CiU y lo pintoresco de sus convicciones democráticas. Se justifica acusando a los ciudadanos que se oponen a los planes de su partido de radicales, como si eso privara a algún ciudadano de sus derechos. Radical o moderado, el único límite es el cumplimiento de la ley. Él debería saber que hay que estar a las duras y a las maduras. Evitar a los ciudadanos discrepantes es una forma de irresponsabilidad en su trabajo. ¿O sólo quiere ciudadanos que meneen el rabo? También le disgusta que hayan colgado carteles con las fotos de los políticos condescendientes con el PHN y eso es extraño, cuando él ha convertido los boletines municipales en una galería de retratos suyos. Puede que los carteles sean de mal gusto, pero de nuevo, el único límite lo marca la justicia. Por último, desprecia la petición de dimisión que le han hecho alegando que no están legitimados para pedírsela, en una confusión lamentable y torpe. A estas alturas no debería ignorar que los ciudadanos no pueden cesarle, ciertamente, pero siempre están legitimados para expresar sus opiniones, incluida la de pensar que debería dimitir. Es elemental.

Ayer comenzaron oficialmente las rebajas y la ciudad ha vestido sus escaparates con un nuevo reclamo para que el consumo no decaiga. Y aunque sea inexplicable, alguno hay que anuncia unos segundos descuentos evidentemente imposibles el primer día. Presumiblemente eso le importe poco al ciudadano que incluso agradecerá que algunos comercios decidan avanzar por su cuenta los descuentos, aún burlando la normativa.

Lamentablemente, las rebajas han perdido su justificación original y han acabado convirtiéndose en una campaña comercial absolutamente regular, que sobre todo evidencia que los márgenes comerciales son excesivos; porque si se justifican para dar salida comercial a los productos que no se han vendido y que deben ofrecerse más baratos puesto que ya no son de temporada, es un sinsentido hacerlas en plena temporada. ¿No sería más lógico ofrecer unos precios más ajustados siempre? Aunque sospecho que ni la lógica ni el lenguaje tienen nada que ver con esto y de lo que se trata en realidad es de estimular el consumo en momentos en que presumiblemente tendería a estancarse o a descender. En fin, estrategias de comerciante que la administración ampara.

Así que llamamos rebajas a lo que son ofertas de temporada, en el mejor y más honesto de los casos, y en paz. Tampoco es tan grave en una sociedad que se ha acostumbrado a oír hablar de diálogo a los que no escuchan a nadie, por ejemplo. Pero si ese es el juego, es imprescindible que todos sigan las mismas reglas. El tramposo, si lo hay, debe ser expulsado del juego. Y la autoridad debe velar para que los más poderosos no hagan trampas y debe hacerlo de manera efectiva. Y no parece que lo haga. Este año, como en anteriores, los comerciantes de Tarragona han denunciado las prácticas poco honestas de algunas grandes superfícies como Carrefour o cadenas como Cortefiel, en la Rambla, que han adelantado las rebajas. Y como cada año, la autoridad comptetente abrirá un expediente y puede que les sancione. Pero el tramposo sigue jugando y beneficiándose de su trampa. No tiene sentido y es deshonesto para quienes cumplen las normas. Las sanciones son eficaces sólo si evitan la trampa, siendo mayor la sanción que el beneficio deshonestamente conseguido. Si no lo hacen, no sirven de nada.

El concejal del Ayuntamiento de Tarragona Carles Sala, indignado por la pintada salvaje en la Torre dels Escipions, ha abierto el debate con un artículo en un diario local. Me apunto. A mi también me indigna. Y no desde ahora: hace unos veinte años algunos miembros de las juventudes del Partit del Treball de Catalunya pintaron el monumento conocido como "Els caiguts". Entonces las pintadas las hacían los partidos antifranquistas. Aún así, la dirección del partido en Tarragona, a la cual pertenecía, obligó a los jóvenes a limpiar el monumento.

Sin embargo Sala se queda en la superficie i desaprovecha media página de periódico. Con simplicidad, porque no va más allá de rechazar lo obvio, y con tendenciosidad, porque presume actitudes y confunde realidades. Insinuar que los que se han autoinculpado en solidaridad con los pacifistas en su actitud contraria a convertir el puerto de Tarragona en base de la armada nuclear de USA, comparten el salvajismo de quienes han dañado el monumento romano es sólo un prejuicio malintencionado. Cuando alguien firma un documento: político, notarial o bancario, firma exactamente lo que consta en el documento. Resulta pueril y enojoso tener que recordárselo a un político profesional. Por otro lado, meter en el mismo saco las pintadas sindicales y políticas o las antimilitaristas de la plataforma "Tarragona, patrimoni de la pau" con las agresiones a monumentos es un sinsentido, y no sólo porque las paredes pintadas no sean las mismas, que no lo son.

A mí no me gustan las pintadas, pienso que hay que evitarlas y que quienes las pintan deben hacerse responsables de su limpieza posterior. Pero al contrario que Sala, no creo que con la democracia todos tengan el mismo acceso a los medios de difusión para hacerse oír. Como síntoma: a Carles Sala le basta con coger el teléfono para que algún periódico le ceda media página.

Sí, abramos el debate, censuremos las pintadas y veamos qué hacemos para que las inquietudes de los ciudadanos que no opinan como los políticos del poder puedan también expresarse con normalidad y eficacia. ¿Quizás CiU cederá algún espacio, incluso del boletín municipal que monopoliza sin rubor? Porque el Ayuntamiento también es de los que discrepan.

El domingo, este diario publicó un amplio reportaje sobre la situación en la que se encuentra el profesorado de este país, y muy especialmente el de secundaria. De su lectura se desprendía una visión que debería preocupar al conjunto de la sociedad y de una manera muy particular a las administraciones públicas. Sobretodo porque no es la primera vez y porque va a peor. Nuestros profesores son víctimas de un proceso continuado de degradación del sistema educativo y de una pérdida de valoración social que provoca desmotivación, en el menor de los casos, y transtornos graves, en el peor.

No es una exageración. Soy profesor en Tarragona y convivo con profesores. Puedo asegurarles que las salas de profesores de los institutos se han ido convirtiendo en una especie de muro de las lamentaciones y los problemas a los que aludía el reportaje son fácilmente detectables. He sido testigo de depresiones graves y los episodios de desánimo son cotidianos ante alumnos que no quieren estudiar, padres que no asumen sus responsabilidades y una administración que no ofrece recursos suficientes para hacer frente a la situación.

Enseñar se ha convertido en una profesión de riesgo que la reforma y la nueva secundaria no han hecho más que agravar. Riesgo ante alumnos que han sido obligados a permanecer escolarizados contra su voluntad y que a menudo convierten una hora de clase en sesenta minutos de esfuerzos para poder hablar; riesgo ante padres que olvidan que los primeros responsables de la educación de sus hijos son ellos y que tienden a sobreprotegerlos contra los profesores. Todo ello con una remuneración que no se corresponde ni con la formación que se exige ni con el esfuerzo que se hace y en medio de una actitud social que no lo valora y cuyo único comentario habitual es siempre relativo a las vacaciones.

No es un proceso nuevo ni exclusivo. Otros países de nuestro entorno han pasado ya por ahí, hasta dejar que la profesión se haya convertido en algo poco deseable. Es el caso de Inglaterra, Francia u Holanda, que ahora mismo tienen problemas para encontrar profesores e incluso se están planteando la posibilidad de suprimir días de clase por falta de personal docente. Pero no deberíamos llegar a eso. Ahora es el momento de tomar medidas.