Si el último recurso del Ayuntamiento no prospera, y todo parece indicar que no lo hará, el restaurante que ocupa el Fortí de la Reina deberá ser demolido y el Ayuntamiento deberá pagar una indemnización millonaria. Son las consecuencias de acciones de gobierno poco escrupulosas con la ley y, desde luego, prepotentes, que en este caso hay que anotar en el debe del PSC.
Desde esta columna he insistido más de una vez en la necesidad de que los gobernantes sean especialmente meticulosos con el cumplimiento de la ley. Ellos más que nadie. Porque es el respeto a la ley y su existencia lo que garantiza nuestros derechos y la salud social. Si una ley es insuficiente, inapropiada o sencillamente mejorable, son ellos, los políticos, quienes deben actuar, pero en ningún caso deberían ceder a la tentación de ignorarla o esquivarla y situarse en posiciones ilegales o alegales. Y lo hacen con demasiada frecuencia y las consecuencias las pagamos todos los ciudadanos.
En el caso del Fortí de la Reina, la única responsabilidad es del gobierno municipal socialista que concedió la licencia a pesar de que los terrenos estaban calificados como zona verde, y pudiendo hacerlo bien, lo hicieron mal y con prisas. La ciudadana que llevó el caso a los tribunales, que le han dado reiteradamente la razón, no hizo más que ejercer un derecho y defender un bien común. Todos nos podíamos haber ahorrado este largo y previsiblemente caro episodio si nuestros políticos hubieran sido más finos en su actuación, se hubieran ajustado a la legalidad y no se hubieran empeñado en ahogar la discrepancia con la práctica nefasta del trágala de las mayorías absolutas a que desgraciadamente son tan aficionados. Se equivocaron y deberían reconocerlo. Con ello basta.
Ahora habría que procurar que una sentencia justa no acabe produciendo un mal mayor que el que se pretende evitar. Francamente, a estas alturas me parece que con la demolición del restaurante la ciudad no gana nada. Sería absurdo que tuviéramos que pagar una fuerte indemnización y demolerlo, para volverlo a edificar de nuevo, ahora con todos los requisitos legales exigibles. Para bien o para mal, el Fortí de la Reina se ha integrado en la vida de la ciudad y no tiene sentido ejecutar una sentencia que llega tarde.
Según la comisaria europea de Transporte y vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, la carretera se cobra anualmente 42.000 vidas en los países de la Unión Europea, es decir, más de 100 personas mueren diariamente, mientras las víctimas mortales en accidentes de avión, ferrocarril o fluviales no llegan a las 2000 personas anuales. La cifra impresiona. Y más aún si se contabilizan también los heridos de diversa consideración. El problema es evidente, y el costo, en dolor, pero también en dinero, excesivo y difícilmente comprensible.
Parece evidente que la mejora de la red viaria y las campañas de prevención son insuficientes. Loyola de Palacio presentó las medidas que piensa impulsar. Entre ellas, la obligación para que todos los viajeros de los autobuses interurbanos utilicen el cinturón de seguridad o la imposición de instalar limitadores de velocidad en todos los vehículos industriales cuyo peso sea superior a los 3500 kilos. Junto a ellas, la identificación y señalización de alarma de los puntos negros, la necesidad de invertir en seguridad vial y ser más rigurosos en las exigencias médicas para la obtención del permiso de conducir. No cabe duda de que todas apuntan en la buena dirección. Pero no creo que pueda dudarse tampoco que seguiran siendo insuficientes para reducir eficazmente ese alto índice de siniestralidad.
La principal causa de accidentes de circulación sigue siendo el exceso de velocidad, un factor que se combina con otros (consumo de alcohol, distracciones, no respetar la señalización, firmes en mal estado, condiciones metereológicas adversas,…) El problema es general. En Inglaterra, incluso estudian un sistema por satélite para el control de la velocidad.
Sorprende, sin embargo, que ningún país, ni tampoco la comisaria Loyola de Palacio plantee una medida sencilla i fácil como es la limitación de la velocidad en origen. Si en ninguno de los países es posible legalmente circular a más de 130 kilómetros por hora, ¿por qué es posible que se fabriquen y se comercialicen vehículos que sobrepasan generosamente tal límite? ¿Por qué esa sumisión estúpida a los fabricantes de automóviles en perjuicio de todos? Los fabricantes deben ser obligados mediante la ley a regular la velocidad de sus productos conforme a las normas.
El último pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Tarragona, a parte de los malos modos que siguen exhibiendo algunos miembros de la mayoría y del escaso nivel de conocimiento del idioma que muestran sin pudor y sin ánimo de enmienda, nos deparó una radiografía bastante exacta de lo que cabe esperar de la política municipal. Lo resumo sin matices: consolidación de los amores entre CiU y el PP a costa de la democracia, regalo de la ciudad a los negocios privados y alguna promesa que quiero creer.
Digo que quiero creer, a pesar de que los antecedentes empujan al escepticismo porque entre las palabras y los hechos suele haber una distancia insalvable: ahí está el reciente compromiso de actuación urgente en relación al teatro romano durmiendo el sueño de los justos para enfriar entusiasmos. En fin, el gobierno de la ciudad nos dijo que recuperaríamos La Chartreuse, con todos sus elementos artístico-religiosos e industriales, ahora fuera de Tarragona gracias a su negligencia y a la del Departament de Cultura, y se nos anunció un acuerdo con la Generalitat para construir un nuevo teatro. A ver si es verdad.
Lo que, en cambio, hacen sin demora es ir regalando la ordenación y la gestión del aparcamiento a las empresas privadas. En este campo el Ayuntamiento se ha convertido en un eficaz gestor de los intereses particulares. Su acción se ha especializado en impedir que podamos estacionar en la calle de forma gratuita o a precios módicos, restringiendo imparablemente las zonas de aparcamiento público, y a facilitar la construcción de aparcamientos subterráneos en régimen de concesión a precios muy caros. Decir que eso es una política municipal de aparcamientos es todo un monumento a la ingenuidad, puesto que su única inversión es la de las señales que prohiben aparcar.
A estas alturas, sólo los muy inocentes pueden creer que el matrimonio entre CiU y el PP es de conveniencia. Créanme, se quieren y comparten proyectos de futuro: en el Ayuntamiento, en la Generalitat y en el Gobierno de España. Nada que objetar y que los amantes sean felices. Aunque su prepotencia y desprecio a la oposición puede que acaben con todos porque su amor es tan excluyente que vamos a tener que irnos: los amantes quieren la ciudad sólo para ellos.
Las llamadas a mantener el acoso a la URV en el ámbito estricto de la justicia llegan tarde cuando los periódicos y las tertulias radiofónicas lo han convertido en tema estrella y hasta el Parlamento de Cataluña y el portavoz del gobierno se han pronunciado. Éste es ya un tema social . Seamos sinceros: si el tema es judicial es porque tras él está Convivencia Cívica Catalana, la organización de Vidal Cuadras que hace el trabajo sucio del PP. Y también porque la profesora Josefina Albert, asesorada por el abogado de esa asociación, ha querido pasar a la historia del españolismo cavernario desquiciando la cuestión. A estas alturas lo que menos desearía es coincidir con ella en el vagón de un metro, porque sospecho que un simple roce casual por un frenazo podría llevarme ante los tribunales imputado de acoso sexual.
Es versallesco pedir silencio: si asociaciones de fiscales pueden de manera pública acusar al fiscal general del estado de favorecer al ministro Piqué, no veo por qué los demás no podemos acusar al fiscal de Tarragona, señor Ignacio Monreal, de favorecer intereses anticatalanes en su acusación contra el rector y el coordinador de las pruebas de acceso de la URV.
Leo en los periódicos que el fiscal Monreal dice que Arola e Igual "puestos de común acuerdo, con ánimo de venganza" decidieron excluir a la profesora de las pruebas de selectividad. Y lo dice a pesar de reconocer que ella faltó a la normativa. El fiscal se los imagina reunidos en una orgía vengativa antiespañola. Me recuerda unos cromos del "Album Flecha" editados en 1954 en que los "rojos separatistas" aparecían como unos monstruos con una estrella roja en la frente poniendo sus garras sobre el mapa de España. ¿Es Dios, el señor Monreal, para atreverse a juzgar intenciones? ¿No debería, más modestamente, limitarse a juzgar acciones? (Por cierto, ¿alguien ha comprobado que los hechos denunciados por la profesora sucedieron realmente y fueron como ella dice? ¿Alguien ha investigado las contradicciones de la profesora? ¿Existen esos alumnos?)
Insisto: si la profesora incumplió la normativa ¿por qué el fiscal imagina contubernios para una sanción que tiene un motivo evidente? Yo acuso al fiscal de forzar una interpretación interesada, política e ideológica.
Gracias al interés nada inocente de la profesora Josefina Albert al filtrar el auto a los medios de comunicación, hemos podido saber de qué pie cojea el juez Pedro Antonio Casas; cojera compartida por el fiscal, ambos tras la estela del Defensor del Pueblo, cuyo documento se ha convertido en la pieza clave de la acusación contra el rector y el coordinador de las pruebas de acceso de la URV. Resultado: el anticatalanismo militante desembarca en nuestra ciudad bajo el paraguas de jueces y fiscales sensibles a sus argumentos. La publicidad de los autos contrarios a la URV en el tema de la lengua en el momento que el mismo Vidal Cuadras ha venido a presentar su beligerante y anticatalana organización es una coincidencia que debe haber recibido como un regalo de bienvenida. Hoy la batalla por la lengua se libra aquí.
Causa perplejidad que el defensor del pueblo aprovechara su informe para poner en cuestión la política lingüística de la Generalitat. ¿O es que es eso de lo que se trataba y lo demás un pretexto? El juez Casas lo sigue punto por punto. ¿Hay algo original en el auto? Pues sí: sus excesos verbales al calificar indirectamente la acción de los imputados de grosera y esperpéntica. Aspectos jurídicos a parte, a un lego como yo le deja estupefacto la teoría que parece defender, según la cual la Universidad no debe actuar sancionando irregularidades, si las conoce a posteriori y por cauces distintos a los ordinarios.
¿De verdad? ¿Es extensible a todo tipo de faltas i delitos tal doctrina? Aunque lo que me parece más temerario es que el juez crea que el conocimiento del incumplimiento de una normativa no pueda terminar "desencadenando una acción sancionadora" o presuma "exceso de rigor". O que ya puestos, proclame la inconstitucionalidad de la normativa por la que se rigen los exámenes de selectividad. ¡De una tacada, treinta carambolas! Pero le agradecemos la sinceridad. Ahora ya sabemos qué se juzga y por qué.
Y sin embargo, el auto evita fijar si hubo o no incumplimiento de las normas, y puede que incluso ampare la transgresión, y si la universidad tiene o no capacidad para sancionar, y si el rector y el coordinador de las pruebas de aceso a la universidad no hacían más que cumplir con sus responsabilidades. Que estén inculpados, eso sí que es esperpéntico.
Con una página web tendremos de sobra, como la de ese estado-isla inventado que vendía pasaportes por internet. Aunque mejor, porque como nosotros hemos existido no tendremos que imaginarlo todo. Hagámoslo pronto y así, una vez el país imaginario en la red, una vez Cataluña convertida en el país virtual que es, el país real podrá vivir sin remordimientos y sobre todo sin mentiras.
Porque mentir, mentimos. Miren: en un lugar en que la gran mayoría de ciudadanos votan a CiU, PSC, ERC i IC, es decir partidos más o menos catalanistas, ya me explicarán como podemos ser el país que más se autoproclama a la vez que se evita, el que más discute sobre su identidad y menos hace por ella. Aquí no somos capaces ni de conseguir que en los cines se proyecten películas en catalán, pero cualquier grupo puede paralizar el acuerdo de un claustro universitario supuestamente soberano o poner en la picota a un rector por cuestiones de lengua, después de veinte años de autonomía y con la ayuda de jueces y fiscales y defensores del pueblo cuya sensibilidad sobre nosotros parece más bien escasa a la hora de interpretar la ley. Aquí, por ejemplo, las bodegas Torres, del Penedès, siguen etiquetando sus vinos sin una sola palabra en catalán, aunque les sobra etiqueta para decirnos que colaboran en la conservación del águila perdiguera. O las cervezas Damm, que es sus botes utilizan castellano, inglés, francés e italiano, pero no el catalán, aunque les quede sitio para poner un texto de relleno publicitario. Acaben ustedes la lista si quieren, yo lo dejo porque son legión.
Así que no les sorprenderá que encuentre saludable que el Ayuntamiento de Tarragona haya decidido rebajar el nivel de exigencia de conocimientos de catalán para acceder a la Policía Municipal. Es más, debería desaparecer cualquier exigencia. ¿O es que les pedimos algún nivel a empresarios y profesionales? ¿Tal vez hemos exigido algo a jueces y fiscales? ¿Y a los políticos, les hemos obligado alguna vez a demostrar su conocimiento de nuestra lengua? Pues qué quieren, mientras a los políticos no se les exija que acrediten un nivel y las distribuidoras de cine se rían de nosotros, los demás ciudadanos estamos exentos. Y cuando nos coja añoranza, visitaremos la web; en catalán, claro.
La semana pasada se desveló uno de los grandes enigmas de nuestra existencia colectiva. Durante años hemos estado preguntándonos por qué en Cataluña teníamos que pagar las autopistas mientras en el resto del país se trazaban autovías libres de peaje; hemos estado interrogándonos acerca de la razón de que las concesiones se prorrogaran con extraordinaria facilidad o sobre los motivos para que los gobiernos se opusieran a políticas de rescate de la red de autopistas en un plazo razonable de tiempo.
Más: hemos tenido realmente dificultades para comprender la posición de Asesa en todo el largo conflicto que hemos vivido a propósito de las movilizaciones en la N-340, su cerrazón a levantar las barreras, incluso en los casos de accidentes graves i colapsos generalizados, y todavía más difícil entender la lógica de nuestros políticos, dispuestos a todo menos a obligar a la concesionaria a nada.
Incluso nos ha costado discernir si la medida de gratuidad parcial que vamos a acabar pagando casi exclusivamente los ciudadanos es una solución a nuestros problemas u otro negocio de Asesa. Decían los desconfiados que los políticos defendían los intereses de la empresa privada mucho más eficazmente que los de los ciudadanos. Pero ahora parece claro que no, que tanto los políticos como Asesa comparten la obsesión por mejorar nuestra vida.
El secreto lo ha desvelado el director de Asesa, Salvador Alemany, en una conferencia pronunciada ante los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPC. Según las crónicas, Alemany declaró que los peajes son en realidad una especie de tasa ecológica de sostenibilidad del territorio, cuya finalidad es disuadir a los ciudadanos para que no usen sus vehículos y utilicen el transporte público. ¡Nada por aquí, nada por allá, he aquí un conejo! Pues ya lo saben. Cada vez que cogen la autopista, le dan un disgusto de órdago a la concesionaria. Que desastre de país, ellos venga invertir en autopistas para que nosotros no las utilicemos y cuidemos el medio ambiente y nosotros, insolidarios y egoistas impenitentes, pasamos por ellas dándoles disgusto tras disgusto. En fin, eso o que el señor Alemany es un bromista fino, fino.
Como ya viene siendo tradicional, el Ayuntamiento de Tarragona se prepara para distinguir los mejores espectáculos que se han presentado en la ciudad a lo largo de 1999 en el Teatre Metropol y en el Teatre-Auditori del Camp de Mart. Se trata de premiar los mejores espectáculos de danza, música y teatro (infantil y para adultos), así como la mejor interpretación masculina y femenina, la mejor dirección teatral y la mejor escenografía. Este año los abonados y el público en general tendrán que elegir entre setenta propuestas (35 obras teatrales, 8 espectáculos de danza, 16 musicales y 11 espectáculos infantiles), que han representado una oferta amplia, variada y de calidad y que como en años anteriores han permitido ver en la ciudad actores, actrices y compañías que hasta hace muy poco pasaban de largo. Es justo reconocer, pues, que se ha hecho un buen trabajo y se ha hecho en pocos años.
A la vista de la programación que ahora vamos a seleccionar y de los datos públicos sobre el grado de ocupación media de espectadores, creo que la Conselleria de Cultura debe estar razonablemente satisfecha. Parece innegable que la ciudadanía responde si hay una oferta lo suficientemente atractiva y que especialmente el Teatre Metropol está creando un público teatral fiel. Un éxito que es debido fundamentalmente a los responsables de programación.
Pero aunque el panorama es muchísimo mejor que hace muy pocos años, una ciudad como Tarragona no debería conformarse con estas cifras. El Metropol es un teatro demasiado pequeño para conformarse. Nos hace falta un teatro con mayor capacidad, que permita ampliar el público teatral y donde sea posible representar dignamente obras que por su formato exigen una caja escénica mayor. Ver representaciones de Ópera en el Metropol, con la orquesta en la platea, después de haber desmontado algunas filas de butacas, a un metro escaso de la primera fila útil, y el director entorpeciendo la visión de los espectadores con su espalda no puede satisfacer a nadie y debe ser considerado algo provisional. De igual modo, el escenario resulta minúsculo para muchos espectáculos de danza.
El público responde, ahora falta que sean los políticos quienes den un nuevo paso y hagan realidad ese teatro que la ciudad se merece.
Si admitimos como cierta la voz popular que dice que los ojos son el espejo del alma, muy sucia debe tenerla quien de manera tan sistemática como colectiva se ha empeñado en esconderla. Podemos fiarnos de quien rehuye nuestra mirada? Nos hablan y nos piden el voto, pero no nos miran porque no quieren hacerlo. Por qué CiU esconde sus ojos en los anuncios electorales y miran todos hacia las esquinas? Quizás es para que no se les vea la vergüenza que debe producirles ser un gobierno de juguete, incapaz de hacer cumplir las leyes aprobadas por el Parlament y sus propios decretos, la vergüenza de ser humillado por la industria cinematográfica, que deja el poder de nuestro ejecutivo en su lugar exacto, desmintiendo todas sus palabras. Son éstos los que van a ser decisivos?
Mientras, los del PP, a pesar de gobernar en plena bonanza económica, rehuyen el debate electoral para evitar que la oposición le saque los trapos sucios al sol. Porque a parte de los negocios poco explicados de Piqué, podrían debatir, por ejemplo, por qué el alcalde racista de El Ejido, que es de su partido, ha hecho lo que le ha venido en gana dejando en ridículo al partido y al gobierno, o cuáles son los pactos secretos que han hecho posible la liberación del dictador Pinochet, o por qué se pagan más impuestos indirectos – más injustos - que directos en este país, y aún quienes más pagan son los asalariados, o cómo se puede justificar la racanería con las pensiones o con el salario mínimo interprofesional, mientras se tolera que unos pocos amigos ganen miles de millones con la privatización de empresas públicas.
Y en las filas socialistas proclaman que nos entienden, que entienden a Cataluña. Y sin embargo, Almunia pierde pie y se desliza con facilidad hacia el halago españolista a parte de sus huestes, víctima del virus anticatalán; virus, como se sabe, tan resistente que ni veinte años de democracia y, en su caso, de proclamas federalistas han conseguido erradicar, y le ha llevado a ofrecer un pacto al PP para ponernos un bozal. Eso sin contar con la participación del martillo de herejes Rodríguez Ibarra que desde Extremadura se exalta y compite con Aznar por ver quién ama más a la patria, la suya, la eterna, la que siempre desconfía de nosotros.
No hace demasiados días hemos vivido otro de esos momentos históricos tan emocionantes en que todos están de acuerdo. Todos, quiero decir, autoridades, partidos políticos, sociedad civil y académica. Emociona por la unanimidad y la ingenuidad con que tendemos a descubrir la sopa de ajo cada dos por tres. Resulta que todos sabemos que el teatro romano de Tarragona se muere de pena desde hace muchísimos años, pero nos hacen falta unas jornadas científicas para escenificar la declaración y mostrar que todos estamos de acuerdo en que hace falta actuar con urgencia si queremos salvar lo poco que queda y que la desidia y el desinterés de las autoridades ha mantenido en estado de abandono. Aunque lo más emocionante es que a la declaración se sume también quien tiene la obligación de hacerlo y no lo hace.
Ahora la cuestión es saber si cuando nuestras autoridades dicen actuar quieren decir hacer algo y si cuando dicen urgente quieren decir que lo van a hacer en seguida. Porque, la verdad, no es por meterle el dedo en el ojo a nadie, pero la experiencia más bien invita al escepticismo, a la vista de la urgencia con que se acomete el desvío del Francolí, la urgencia con que se soluciona el paso hacia el cementerio y se suprime el semáforo en la circunvalación, o la urgencia con que se evita el paso a nivel de la Plaza de los Carros, por poner sólo algunos casos y no cansarlos.
Y es que incomprensiblemente, estos políticos, tan defensores ellos de la iniciativa privada, la competencia y la eficacia cuando se trata de pregonar las maravillas de un modelo de sociedad, de defender los intereses de las empresas, de llevar sus negocios o de administrar sus propios asuntos, en cambio encuentran totalmente natural que las obras públicas se retrasen muchos meses, que los presupuestos se disparen o simplemente que los proyectos no se hagan y permanezcan aparcados durante años; encuentran normal que todo ello se justifique con meras declaraciones vagas, se enojan cuando alguien pide explicaciones y tienden a la desfachatez de aprobarse una gestión cara e ineficaz que ninguna empresa admitiría.
Bueno, vamos a apostar por la buena voluntad, a ver si urgente, al menos quiere decir un año, y actuar, al menos quitar las hierbas. No es mucho, pero...